LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) se estableció que uno de nuestros derechos fundamentales es exigir cuentas a los gobernantes. Más tarde, en el siglo XIX, el político francés Alexis de Tocqueville demostró que los sistemas democráticos pueden actuar como mecanismos de control entre gobernantes y gobernados. En este sentido, para Tocqueville era fundamental que los ciudadanos se unieran, asociaciones a las que llamó "escuelas de ciudadanía". Sólo de este modo se puede resistir el autoritarismo de algunos gobernantes.

La rendición de cuentas es un reclamo generalizado en todo el país. Para poder funcionar, los mecanismos adecuados para lograrla deben abarcar no sólo al gobierno federal; también los legisladores deben explicar qué hacen con los recursos que los ciudadanos ponen en sus manos. Por supuesto que tampoco el Instituto Federal Electoral (IFE) debería estar exento de rendir cuentas, pues dispone de un presupuesto multimillonario. Pese a ello, tiene el mandato de promoción de la educación cívica en el país, sin que nadie se haya enterado.

Con todo, hay que reconocer que ha habido avances al respecto, pues los ciudadanos ya contamos con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En ella se señala que toda la información en manos de los poderes de la Unión y las dependencias cercanas al presidente debe estar a disposición de cualquier ciudadano que la solicite, siempre y cuando no se le haya clasificado como reservada o confidencial.

Otro avance es la Contraloría Social, descrita en el Manual del ciudadano de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como "un mecanismo de participación ciudadana para la rendición de cuentas, con base en el acceso a la información, [...] imprescindible para la construcción de una ciudadanía activa y vigilante del adecuado uso de los recursos públicos"." Las contralorías son indispensables para asegurar que los recursos destinados por los gobiernos a programas sociales, o a cualquier otra actividad, cumplan el objetivo para el que fueron planeados. A partir de la Ley General de Desarrollo Social, es obligatorio implementarlas para operar cualquier programa social. 

CULTURA DE LA LEGALIDAD

Este segundo elemento sin el cual no se puede alcanzar un Estado de derecho consiste en fomentar el aprendizaje de vivir con reglas. El jurista español José María Sauca propone que la cultura de la legalidad puede apreciarse a partir de tres puntos de vista básicos: cultural, institucional y normativo.

El primero se refiere a nuestras actitudes hacia las leyes y la manera en que las valoramos. En la acepción cultural del término también está implicada nuestra identidad nacional, así como los principios y valores que la conforman. De ahí que la educación cívica sea tan importante para alcanzar un Estado de derecho.

El sentido institucional alude a la posesión de derechos humanos que sean respetados por el gobierno, lo mismo que a la disponibilidad de división de poderes, seguridad pública y aplicación imparcial de la ley. Todo esto tiene que ver con erradicar la impunidad.

Por último, el sentido normativo de la cultura de la legalidad indica que, para que ésta exista, es necesario tener leyes elaboradas con la participación de la ciudadanía y que reflejen su sentir. Si se quiere que estas normas funcionen y sean respetadas, tendrán que haber sido diseñadas tomando en cuenta los costos y beneficios ofrecidos; deberán ser claras y, por supuesto, habrán de permitir que las relaciones sociales se desarrollen con autonomía.

ESTADO DE BIENESTAR

Existe un intenso debate acerca de cuánto debe involucrarse el Estado en la vida y economía de los gobernados. Los representantes de la derecha más radical proponen que poco, e incluso nada. Los sectores de izquierda opinan lo contrario, y entre más radicales sean sus ideas, más pensarán que el Estado debe controlar la vida nacional. Independientemente de las posiciones personales, es una realidad que los Estados proveen ciertos bienes y servicios a la población. Otra de sus funciones económicas, en la que están de acuerdo la mayoría de los economistas, es fomentar la igualdad de oportunidades. El Estado de bienestar entra en este orden. El sociólogo alemán Niklas Luhmann lo define como "un Estado que dota de extensas prestaciones sociales a determinadas capas de la población".  Un ejemplo de una prestación social en nuestro país son las pensiones que se otorgan a las personas de edad avanzada una vez que dejan de trabajar. Lo mismo puede decirse de los programas de combate a la pobreza, alfabetización y ayuda a discapacitados. 

ESTADO DE EXCEPCIÓN

La situación por la que actualmente atraviesa nuestro país nos obliga a no pasar por alto el tema del Estado de excepción. Se trata de una modalidad relacionada con los conflictos que enfrenta un país y sus posibles soluciones.

Este estado tiene tres formas. La primera, el estado de normalidad, se refiere a la resolución de conflictos por las normas ordinarias. Las leyes vigentes procuran darles u solución válida.

La segunda, el Estado de excepción propiamente dicho, se aplica cuando ocurren crisis extraordinarias, que ponen en riesgo la subsistencia del régimen constitucional, del Estado mismo. En un Estado de excepción, se suspende algunos derechos y garantías durante cierto periodo. La idea es permitir al gobierno afrontar los conflictos para regresan a la normalidad." En el derecho constitucional mexicano, esta situación se conoce como suspensión de garantías y está, establecida en el artículo 29 de nuestra ley fundamental.

La tercera, un estado intermedio entre los de normalidad y excepción que puede denominarse como estado de tensión, es la situación en la que, según el jurista español Javier Pérez Royo:

la normalidad de la vida en el Estado se ve sometida a un peligro de naturaleza e intensidad extraordinarias que, [...] aunque da lugar a una sensación generalizada de inseguridad, [...] no justificaría la declaración de un estado de excepción. 

Me parece evidente que esto es lo que se está viviendo en diversos municipios del país. El mejor ejemplo era Ciudad Juárez, Chihuahua, hoy tenemos Acapulco, Guerrero, poblaciones que oscilan entre esos dos estados, aunque en los hechos las garantías individuales ya no apliquen. Muchos otros municipios de la República Mexicana también se encuentran en estado de tensión, y podría decirse que algunos en Estado de excepción.

Una vez que hemos examinado los diferentes tipos de estado, debemos hacer una reflexión sobre la práctica que les da legitimidad y justificación ante los ciudadanos: la democracia.