DERECHOS CIUDADANOS Y... OBLIGACIONES

EL DERECHO DE PETICIÓN

El derecho ciudadano al que me referiré aquí es el de que nuestras necesidades sean escuchadas. Se trata de la capacidad que tenemos de dirigir peticiones a los funcionarios públicos, sobre las áreas de su competencia. En nuestra legislación, esta prerrogativa está regulada en el artículo octavo constitucional. Para el jurista catalán Bartomeu Colom Pastor, el derecho de petición es el instrumento idóneo para hacer valer nuestros derechos como ciudadanos.

Como ves, no se trata de una prerrogativa de menor categoría que el voto. Puede decirse, en efecto, que del derecho de petición se desprende nuestra facultad de exigir cuentas a las autoridades acerca de sus acciones. La rendición de cuentas de los servidores públicos es imprescindible para que se fortalezca la participación ciudadana. A fin de comprender mejor los alcances del derecho de petición en México, veamos a qué tipo de peticiones se refiere:

-Quejas y denuncias: manifestación de hechos presuntamente irregulares en los que se encuentran involucrados servidores públicos en ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera jurídica de quien lo hace del conocimiento o por un tercero.

-Quejas de servicio: manifestación en relación con deficiencias, anomalías o irregularidades en la realización de trámites o en la prestación de un servicio por parte de la administración pública federal, que requieran la instrumentación de acciones preventivas para evitar situaciones similares.

-Solicitud: la que se realiza con el propósito de requerir la prestación o ampliación en la cobertura de un servicio o atención de alguna necesidad en particular.

-Sugerencia: propuesta que se presenta con el fin de corregir, agilizar y mejorar la calidad de los servicios públicos y trámites federales.

-Asesoría: orientación que se brinda al ciudadano atendiendo el planteamiento que realiza.

-Gestión: conjunto de acciones realizadas (...) ante dependencias o entidades (…) cuyo objetivo es proporcionar al ciudadano alternativas de solución viables al problema planteado, cuando se re-fiera a trámites o servicios.

-Reconocimiento: el que se expresa respecto de la actuación de uno o varios servidores públicos- o de un área administrativa de la administración pública federal por la calidad de la atención brindada o del servicio prestado.

Todas estas prácticas son de gran utilidad: promueven la participación, combaten la corrupción y ayudan a cambiar las actitudes de los servidores públicos, para que se comporten como tales, no como amos.

INICIATIVA CIUDADANA

Con motivo de la citada reforma política, se adicionó, en agosto de 2012, la fracción VII del multicitado artículo 35 constitucional consistente en iniciar leyes, llamada iniciativa ciudadana, quedando redactado así:

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley [-I

CONSULTA POPULAR

Derivado de la multicitada reforma política se adicionó también la fracción VIII del numeral 35 en comento, señalando como derecho de los ciudadanos el votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.

Terminamos así con nuestras prerrogativas o derechos que como ciudadanos tenemos, pero, como ya dije, éstos no pueden existir por sí solos. Para tener derechos, es necesario que cumplamos nuestras obligaciones. Y ése es nuestro siguiente tema.

LAS OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS

Las cinco obligaciones establecidas en el artículo 36 constitucional tienen, como verás, cierta equivalencia con los derechos. A continuación examinaremos con detalle cada una de ellas. Una vez concluido nuestro repaso, estaremos en mucho mejores condiciones de convertirnos en "ciudadanas y ciudadanos totales". Es decir, en individuos informados y con capacidad de actuar a favor de nuestro país.

Inscribirse en el registro nacional ciudadano o en el de la municipalidad.

En términos prácticos, y para decirlo de un modo más coloquial, esta obligación consiste en "sacar la credencial para votar". Votar es un derecho, pero también es obligación de todos los ciudadanos inscribirse en el registro federal de electores, que depende del IFE. La propia Constitución señala que la credencial resultante sirve para acreditar la ciudadanía. La verdad es que andar sin ella se ha vuelto casi imposible. Además de los múltiples trámites que requieren que acredites tu identidad, piensa que si no tienes credencial de elector no podrás ejercer tu derecho a votar.

Como afirma el abogado y político José Elías Romero Apis, la credencial para votar es uno de los pocos avances en los años que lleva la democracia mexicana.

Alistarse en la Guardia Nacional.

El término "Guardia Nacional" es poco usual para nosotros. Estamos mucho más familiarizados con los del Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Guardias Presidenciales y Estado Mayor Presidencial. Algunos de los pocos autores que se han ocupado de este tema señalan lo siguiente:

La Constitución de 1917 no aportó nada nuevo respecto de la Guardia Nacional. Los constituyentes que se reunieron en Querétaro sólo copiaron, literalmente, los artículos plasmados en la Carta Magna de 1857, sin realizar un análisis del impacto social de la conformación de la Guardia. [...] La Guardia Nacional no ha funcionado ene! último siglo, o por lo menos desde 1917.

Votar en las elecciones populares.

Como se ha comentado ya reiteradamente, los ciudadanos mexicanos tenemos la obligación de votar. La ley contempla una sanción para quien no acuda a hacerlo: la suspensión de derechos durante un año.

Desempeñar los cargos de elección popular.

¿Desempeñar cargos públicos es a la vez un derecho y una obligación, como el voto? Así parecería, pero se trata de situaciones distintas.

Según la edición comentada de la Constitución de De Andrea Sánchez, con la obligación de desempeñar una función pública se pretende evitar "la adopción —por parte de un candidato vencedor en elecciones populares— de posturas frívolas, tales como la de negarse a desempeñar un cargo para el que fue electo popularmente, y para lo cual se utilizaron recursos y tiempo de la sociedad que, de no respetarse el mandato popular, se verían desperdiciados".

Tras las elecciones de 2009, varios candidatos (en su mayoría mujeres) dejaron el puesto inmediatamente después de tomar posesión. Se trata de un fenómeno que varios medios bautizaron como de las "Juanitas", conforme al cual algunos partidos, aprovechándose de la ley de equidad de género, postularon candidatas sólo para que éstas pidieran licencia luego de asumir su cargo, a fin de dejar en su lugar a sus suplentes (hombres en muchos casos). Sobra decir que, hasta la fecha, nadie ha sido sancionado por esta infracción a la ley.

Desempeñar los cargos concejiles del municipio, las funciones electorales y de jurado. Semejante a la anterior, esta obligación alude específicamente a los puestos de nivel municipal, lo mismo que a la participación en los procesos electorales, en calidad de escrutador de casilla, por ejemplo.

Como es de imaginar, toda obligación no cumplida acarrea una sanción. Por eso, más adelante expondré los casos en que se suspenden nuestros derechos.

EL DERECHO A SER VOTADO

Los ciudadanos tenemos el derecho, o prerrogativa, de votar. Pero también podemos ser votados para cargos de elección popular, así como para cualquier empleo o comisión. Esto, claro, siempre y cuando cumplamos los requisitos que establece la ley.

Cuando hablamos de cargos de elección popular nos referimos a que cualquier ciudadana o ciudadano puede competir para diputado, senador, presidente municipal, gobernador, jefe de gobierno del Distrito Federal o, incluso, presidente de la República.

Con respecto a este derecho, el analista político Ricardo Raphael señala los principios que lo certifican:

-Legalidad, lo que comprende que los procesos electorales no deben fijarse arbitrariamente a favor de unos y en detrimento de otros;

-Equidad, entendiendo que debe haber las mismas oportunidades para todos los participantes, y

-Transparencia, que sirve para que los electores tomen conciencia de las propuestas.

Tenemos entonces que si cualquier ciudadano puede postularse a un cargo de elección popular, deberían permitirse las candidaturas ciudadanas, aquellas que se lanzan sin el apoyo de ningún partido político. El fundamento de este derecho se encuentra en la ley misma. Sin embargo, eso no necesariamente sucedía en nuestro país, donde se habían implementado toda clase de trabas para que tal cosa no ocurra. Así se vio en el llamado "caso Castañeda". 

LA GENERACIÓN DEL “SÍ” 

El IFE desechó el registro de Castañeda como candidato independiente con base en disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Según esas disposiciones, sólo los partidos políticos pueden registrar candidatos a puestos de elección popular. Esto contradice claramente el texto de la Constitución, la cual señala que es un derecho de los ciudadanos ser votados en todos los cargos de elección popular.

El caso Castañeda nos lleva a reflexionar seriamente en la necesidad de una reforma que nos permita votar por ciudadanos con independencia de los partidos políticos, éstas son las tan mencionadas candidaturas ciudadanas. Sólo de este modo existe congruencia con lo que dicta la Constitución. Pero para que esto suceda, los legisladores deben dar vida a esa norma, lo que aconteció con la Reforma Política de 2012.

En la propuesta de reforma política que el entonces presidente Felipe Calderón presentó a las cámaras, a finales de 2009, se incluyó la creación de la figura de candidatura independiente para todos los cargos de elección popular. Apoyando esta reforma surgió una corriente de intelectuales, periodistas y otros ciudadanos llamada "Generación del sí". Esto, contra la tendencia al "no" que se reflejaba en la parálisis legislativa. Como veremos más adelante, ésta sí se aprobó. 

CANDIDATURAS CIUDADANAS 

Al modificarse la fracción segunda del citado artículo 35 constitucional, con motivo de la Reforma Política de agosto de 2012, permitió que los ciudadanos que pretenden competir por un cargo de elección popular, puedan postularse de manera independiente, sin pertenecer a partido político alguno. Esta adición derrumbó el dique que, en 1946, se había implantado respecto a la exclusividad de los partidos políticos para postular candidatos, de ello hablaré más adelante en el apartado de la reforma política. 

EL DERECHO DE ASOCIARNOS PARA PARTICIPAR EN LA POLÍTICA 

El derecho a unirnos con otros que compartan nuestras inquietudes y a trabajar por realizar un proyecto en común tiene su origen en la creación, por el ser humano, de las primeras agrupaciones sociales, como la familia, las tribus, etnias, comunidades y demás. Ese espíritu no se ha perdido, y nuestra aventura ciudadana cobra dinamismo gracias al derecho a asociarnos.

La primera reglamentación de este derecho proviene de la antigua Grecia. Fue obra de Solón (630-560 a.C.) , quien ha sido llamado "una leyenda que no se puede desdeñar"." Solón fue no sólo uno de los siete sabios del mundo griego, sino también uno de los legisladores más brillantes de todos los tiempos, lo mismo que precursor de la democracia participativa. Propició que cada ciudadano interviniera conscientemente en la toma de decisiones de la comunidad. 

EL ESPÍRITU DE SOLON 

A Solón le debemos la reglamentación que permite a las asociaciones o consejos ciudadanos que hoy crecen día a día en nuestro país.

Actualmente hay legisladores que están a favor de la participación ciudadana, mientras que otros preferirían relegarnos de la vida política nacional. Hace falta que estos últimos se contagien del espíritu de Solon para que impulsen reformas que nos brinden a los ciudadanos instrumentos legales de participación.

¿PARA QUÉ SIRVE MI VOTO?

Definido el voto como derecho y obligación, creo que estamos listos para responder una pregunta más: ¿para qué sirve que votemos?

Podríamos reformular esta pregunta si exploramos qué consecuencias, tanto directas como indirectas, tiene este acto político. Como ya vimos, el voto es una de las acciones cívicas de mayor trascendencia.

Tal como señala el político español Xavier Torrens, citando al catedrático Francesc De Carreras y al político español Josep María Valles, las elecciones tienen grandes efectos en el sistema político: producen legitimación, gobierno y representación.

Es tal su naturaleza que algunos gobernantes consideran el voto como un espaldarazo para llevar a cabo sus programas políticos. Sin embargo, también es cierto que otros lo utilizan para satisfacer sus aspiraciones personales, como un peldaño para acceder a una posición de privilegio.

Visto así, podríamos decir que el voto es una especie de diamante negro: una joya muy valiosa que, una vez electos, sirve en ocasiones a algunos para enriquecerse en forma ilegítima.

Desafortunadamente, he tenido que ponerle color negro a este asunto, aunque no en alusión a la tinta que se estampa en nuestro pulgar cuando votamos, sino al servidor público o político que se aparta de los principios éticos y se enriquece a costa de los ciudadanos.

Esto es peor todavía si pensamos que dichos servidores están ahí para representar e los mismos ciudadanos. Después de todo, los legisladores deberían actuar en nombre de la ciudadanía.

Igual de nebulosos, si se me permite decirlo, son los gobernantes dispuestos a cualquier cosa con tal de conseguir los votos de las mayorías, pero que, una vez en funciones, se olvidan de la voluntad de los ciudadanos.

Así, somos utilizados y pasamos al olvido, pues ya no resultamos necesarios para que alguien obtenga una posición política.

En este sentido, creo que nos ayudará comprender a quién favorecerá la actitud que tomemos hacia nuestro voto. El analista político Luis G. Pérez Quiroz ha clasificado los votos en diferentes categorías:

[...] los votos mismos son de diversa tipología, destacando entre otros:

1. El voto ausente, es decir, una indolente abstención. Esto a los únicos que beneficia es a los partidos llamados "chicos", que sólo buscan cumplir con su dos por ciento del total de votos para seguir medrando y no perder su registro.

2. El voto caprichoso, que se basa en apariencias externas o en la imagen pública del candidato, en vez de analizar su plataforma política y su trayectoria de integridad, a fin de escoger atinadamente.

3. El voto de castigo, que se refiere a votar no a favor de algo sino en contra de alguien. A no dudar, el PRI y el PRD serán los beneficiarios de un eventual castigo a la ineficiencia del PAN en algunas entidades, mientras que el PAN y el PRD lo serán en aquellos lugares en que el desprestigio caciquil es evidente.

4. El voto duro, que es el que por default otorgan los miembros recalcitrantes de cada instituto político. Con la opción a la traición por descontento, como ocurrió en el fenómeno Fox, en el que se dice que los que sacaron al PRI de los Pinos fueron los propios burócratas.

5. El voto razonado en base a resultados, que es cuando un partido está haciendo un buen papel en diversos ámbitos del quehacer estatal, lo que atrae sufragios por convicción más que por fe ciega.

6. El voto de la ignorancia o la irresponsabilidad, que se convierte en anulado por estar dirigido a candidatos no registrados, o por simple error en el cruce de boletas. Es el caso clásico del voto a Cantinflas o a la Chimoltrufia.

7. El voto chicharronero o despensero, que es el obtenido por medio de canonjías, obsequios o francas cooptaciones a través de los múltiples canales que le dan origen, tales como los programas de ayuda social, o por simple chambismo y arribismo.

8. El voto de mercado, que es el conseguido por avalancha publicitaria, por demagogia disfraza-da de compromiso, por golpeteos de tipo personalista o por anti publicidad, buscando el desprestigio del contrincante al no poder sostener un prestigio propio.

9. El voto impensado, que es cuando ninguno de los candidatos convence claramente y casi se aplica sobre la marcha, para simplemente romper con un empate generalizado de mediocridad electoral.

10. El voto encuestero, consistente en que a través de encuestas se orienta la votación en un sentido o en otro, por un simple manipuleo de porcentajes al alza o baja, como cuando en las apuestas de las carreras de caballos el tablero de apuestas jala a los apostadores en un sentido u otro. Este tipo de voto es hermano del voto de mercado.

11. El voto fantasmal, que es cuando votantes ya fallecidos se presentan en las urnas, para participar del relleno de ánforas junto con los vivos que no llegaron pero que de todas maneras votan una vez que se han cerrado las casillas. Este voto siempre ha sido negado por las autoridades del IFE, pero es una posibilidad matemática que muchos sospechan como real.

12. El voto de calidad moral, que es el inducido por personajes públicos de impacto social definido, intelectuales o artistas, que con sus opiniones coadyuvan al derrumbe o al impulso de opciones electorales. Muchas veces los propios candidatos se rodean de este tipo de personajes, para incrementar sus posibilidades. Es en este marco, abanico de alternativas múltiples, en el que se mueven los procesos democráticos. Tan inciertos como imprescindibles, tan llenos de asegunes. Tan incompletos e impuros, al contaminarse la lucha ideológica con la fuerza operativa, al mezclarse la sociología, la política y la mercadotecnia, dando lugar a un ente híbrido, casi teratológico, en el que la vanidad es cualidad y la verticalidad defecto. Donde la mentira se disfraza de verdad.

MEJORES CIUDADANOS, MEJORES GOBERNANTES

Es cierto que todo gobernante necesita a su alrededor a un grupo de personas de su confianza que ejecute sus decisiones políticas.

El problema está en las estructuras legales y reglamentarias nocivas que esa "monarquía republicana" edificó en México para poder llevar a cabo sus decisiones.

Aun así, no falta quien diga que prefería el anti régimen, en el que todas las decisiones eran tomadas por solo hombre. Quien así piensa, argumenta que en ese entonces el país no estaba sumido en una crisis tan severa como actual.

Yo no comparto esa opinión; el costo social de mantener una estructura tan rígida, que no da voz a las diferentes opiniones, es demasiado alto.

Por eso estoy convencido que el único camino posible al bienestar es la democracia.

La exigencia es clara: necesitamos a las personas más capacitadas para manejar al país.

Pero eso sólo lo lograremos si nosotros mismos somos, también, mejores ciudadanos.

CONVERTIR AL GOBIERNO EN UN BUEN ADMINISTRADOR

Nuestro Gobierno se ha caracterizado, en términos generales, por ser un mal administrador. ¿Tienes alguna duda sobre ello?

Al respecto, tengo en mi libro Manual del Poder Ciudadano algunos ejemplos de gastos superfluos de Gobierno. Se trata de casos de 2010; sin embargo, todos estos aún siguen sin explicación:

Los mil quinientos millones de que gastó en cuatro años la Secretaría de Relaciones Exteriores en rentas y servicios (agua, luz, teléfono) de las representaciones diplomáticas en el mundo. (*)

Los excesivos gastos en publicidad de los gobernantes; por ejemplo, en la pasada elección, el gobierno del estado Nuevo León gastó en spots, "al menos 622.2 millones de pesos” (*)

Los 280 millones de pesos en la proyección de la nueva sede del Archivo General de la Nación. (*)

Las pérdidas de Petróleos Mexicanos (Pemex), en 2010, por 57 mil millones de pesos. (*)

Los 25 millones de pesos que fueron entregados por el gobierno de Ulises Ruiz, en Oaxaca, a funcionarios de la Secretaría de Salud estatal como bono de fin de sexenio. (*)

Yo habría utilizado la mitad del presupuesto de los 30 mil millones asignados al Consejo de la Judicatura Federal, en formar ciudadanos, ya que con ello en alguna medida se reducirían los conflictos legales.

Los 5,619 millones de pesos erogados por el entonces IFE en 2010, de un presupuesto de 8,631 millones, en gastos de operación. (*)

Los diez mil millones de pesos asignados al entonces IFE, mediante el presupuesto de egresos de la federación que en nada promueve la cultura cívica, mientras que los excesivos gastos de los partidos políticos quedan a fin de cuentas en propaganda que se destina como basura.

La creación por el viejo IFE de un fondo, de 354.2 millones de pesos, para renovar oficinas, como si el objeto social de esa institución fuera ser una inmobiliaria, "lo que incluso podría actualizar un delito. (*)

Las pérdidas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en facturas apócrifas, por 16 mil millones de pesos. (*)

Con estas sumas podríamos, por ejemplo, formar ciudadanos, hacer escuelas, hospitales, etcétera, ¿no crees?

CREAR OBSERVATORIO CIUDADANO DEL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Quizá no sepas que el Auditor Superior de la Federación es el funcionario encargado de revisar todas las cuentas públicas; es decir, quien supervisa cómo gastan sus recursos las dependencias del gobierno federal. Pues bien, en virtud de la pésima administración por parte de la clase gobernante, los ciudadanos deberíamos intervenir activamente en ella, pues el despilfarro de recursos no tiene precedente.

Propongo, así, la formación de un Observador Ciudadano de la Auditoria Superior de la Federación, que periódicamente, y con la ayuda de los medios de comunicación, muestre a la ciudadanía los derroches que eventualmente se cometan, buscando la reducción de esas prácticas.

Asimismo, sería deseable que pudiera darse parte a la PGR para realizar investigaciones sobre irregularidades detectadas por el Auditor Superior, pues como dice la ciudadana Leticia Varela "sólo hubo 11 consignaciones en 13 años".

PREFERIR EL BIEN PÚBLICO

Quisiera compartir contigo lo que Montesquieu llamaba amor a la patria:

la virtud pública es una renuncia a sí mismos, lo más difícil que hay. Se puede definir esta virtud diciendo qué es el amor a la patria y a las leyes. Este amor, prefiriendo siempre el bien público al bien propio, engendra todas las virtudes particulares, que consisten en aquella diferencia.

Efectivamente, lo que nos ha faltado en nuestro país es que todos pongamos el bien público sobre el bien propio.

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(*) Referencias en Manual del Poder Ciudadano, Océano Express, p 211-227