El Estado de derecho es como un
árbol: sus raíces son las leyes, y sus ramas las reglas.
Por alguna razón, los mexicanos
no estamos acostumbrados a cumplir ciertas reglas. Y me refiero incluso a las
normas más elementales y fáciles de seguir: respetar la luz roja en el
semáforo, utilizar el cebrado al cruzar las calles, usar el puente peatonal
para atravesar avenidas. Aunque parecen insignificantes, mira lo que el incumplimiento
de estas reglas ha hecho con el tránsito de la capital del país y otras
ciudades: cruzarlas de un lado a otro se ha convertido en una aventura épica, y
no sólo a causa de los asaltantes y el crimen organizado; es muy fácil tener un
percance con algún automovilista esquizofrénico, en el que hasta la vida
podríamos perder.
El Estado de derecho no es sólo
un asunto del gobierno; para que exista, debe funcionar a diferentes escalas:
respeto entre todos los miembros de la familia; respeto entre estudiantes y
maestros, entre ciudadanos y autoridades. Sin embargo, esto no sucede en
nuestro país. Es evidente que no respetamos a los agentes de tránsito, pero las
autoridades tampoco respetan a los ciudadanos, y a su vez, o más complicado,
los políticos de los diversos partidos no se respetan entre sí y se injurian
constantemente.
Para mencionar un caso de
incumplimiento, Javier Mayorga, secretario de Agricultura del gobierno de Calderón,
recibió un subsidio del gobierno para un asunto agrícola personal. Esto
representaba un claro conflicto de intereses, pues ese individuo era a la vez
juez y parte. Sin embargo, al ser cuestionado a este respecto, Mayorga señaló
cínicamente que no renunciaría a los recursos que le otorga Procampo, la
instancia gubernamental que administra esos fondos.
Todos estos ejemplos indican que
en ningún sector ni ámbito de nuestro país se respetan plenamente la ley, la
ética y la honorabilidad. Estos casos, simples en apariencia, revelan el gran
deterioro en que se encuentra el Estado de derecho en México. Tal vez eso no
debería sorprendernos; después de todo, no hay una verdadera educación cívica
de los ciudadanos ni de las autoridades.
Es verdad que el Estado de
derecho se ha visto dañado por la falta de alternancia de los gobiernos, pues
durante muchas décadas vimos gobernar perennemente a un solo partido. Pero la
selva citadina no tiene nada que ver con la alternancia, sino con la educación
cívica de los ciudadanos.
No hay excusa alguna para que los gobernantes no apliquen
la ley y se justifiquen aduciendo que estamos en una democracia y que sólo bajo
el autoritarismo de épocas pasadas era posible aplicarla. En mi opinión, se
equivocan.
El grado de impunidad en el que vivimos ha sido cultivado por todos,
incluyendo a los ciudadanos y la sociedad civil. Si tuviéramos una balanza en
la que de un lado estuviera la impunidad y del otro el Estado de derecho, sin
duda pesaría más el de la impunidad.
Pero ¿qué es la impunidad? Para
la experta en la materia Stella Maris Ageitos, se trata simplemente de
"dejar sin ' juicio ni castigo a los culpables". El diccionario la
define por su parte como "falta de castigo". Este cáncer llamado impunidad
sólo podrá eliminarse por medio del Estado de derecho.
Opina el constitucionalista Clemente Valdés:
Hablar de Estado de derecho es
simplemente una apreciación con la que se quiere significar que existe un orden
legal aceptable, o en otras palabras, una situación social en la cual existen
reglas que, en general, se cumplen y se aplican, y que los individuos y los
grupos obtienen una atención adecuada a sus demandas o a sus quejas.
Si queremos ser un país fuerte,
necesitamos un Estado de derecho fuerte, pues, como afirma el politólogo
Ignacio Sotelo, el Estado existe gracias al derecho y éste se fundamenta en el
Estado.
El Estado de derecho no pregunta
quién gobierna, ni si lo hace uno o pocos o la mayoría, sino que dirige la cuestión
al cómo se gobierna; es decir, si esto se hace respetando el principio de
legalidad que dicta someter el Estado a derecho, con lo que se logra limitar el
absolutismo monárquico. Nos topamos así con una primera acepción, todavía
débil, de Estado de derecho, aquel en el que todos los órganos e instituciones
del Estado están sometidos a derecho. Esto implica la juridicidad del Estado
(Verrechtlichtung) y la legalización del derecho (Vergesetzlichtung).
El Estado de derecho conlleva
además otros principios básicos, entre los que cabe subrayar el carácter
general de la ley, sin que se acepte que se legisle para una persona o para un
grupo; la prohibición de aplicar las leyes de manera retroactiva, y la
obligación de que las leyes sean de conocimiento público, no se contradigan
entre sí o sean de imposible cumplimiento.
Opina el abogado Julio Scherer Ibarra:
La impunidad tensa las relaciones
sociales. En el caso de que se adopte como una estrategia de Estado para
preservar los intereses del poder, agrava el daño en proporción geométrica. La
impunidad resquebraja el fundamento en que la sociedad se organiza y afirma su confianza
en la ley."
Señaló el general revolucionario
Francisco José Mujica, en su obra Hechos, no palabras:
Cuando en un pueblo o en una
nación se pueden cometer impunemente abusos, delitos y arbitrariedades como los
que han cometido Fulano, Zutano, Mengano y otros muchos funcionarios públicos
que se les parecen, es una prueba evidentísima de que el respeto a la ley se ha
perdido, y que se le ve con el más alto desprecio.
¿Quién es el principal culpable
en este caso?, ¿el pueblo que tolera que un grupo de hombres lo dominen a su
capricho?, ¿o los que lo dominan abusando de su ignorancia o de la paciencia de
ese pueblo?
Creemos que ambos son culpables:
el uno, porque tolera los delitos, y el otro, porque los comete. El respeto a
la Ley es obligatorio para todos; gobernantes y gobernados deben respetarla.